La Comisión Europea ha presentado un presupuesto histórico de 2 billones de euros, fusionando subvenciones agrícolas y fondos de desarrollo regional en un megafondo. Analizamos con un economista el impacto que este plan tendrá para España.
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La Comisión Europea ha presentado un presupuesto histórico de 2 billones de euros, el más elevado hasta la fecha, que introduce importantes modificaciones y recortes en la financiación agrícola de la Unión Europea con respecto al periodo 2021-2027. Según la propuesta, se confirma la fusión de las subvenciones agrícolas y los fondos de desarrollo regional en un único megafondo de 865.000 millones de euros, como ya adelantaban informes previos, algo que no ha gustado nada a los agricultores españoles.
Dentro de este nuevo fondo unificado, se establece una partida específica y protegida para la Política Agrícola Común (PAC), con un total de 300.000 millones de euros destinados mayoritariamente a apoyar los ingresos de los agricultores. Cabe destacar que el concepto de "ayuda a la renta" ya no se limita exclusivamente a los pagos directos, que solían representar la mayor parte de la PAC. Ahora también abarca programas cofinanciados que anteriormente formaban parte del desarrollo rural, los cuales están siendo eliminados de forma progresiva bajo esta nueva estructura.
'Euronews' ha entrevistado al economista Francisco Simón para conocer cómo puede afectar el nuevo presupuesto de la Unión Europea a España. El Gobierno encara una etapa decisiva en su relación con Bruselas. "La experiencia muestra que la Administración española tiene serias dificultades para gestionar volúmenes tan masivos de recursos", apunta Simón. En su opinión, la centralización de estos fondos en planes nacionales, en lugar de programas sectoriales más especializados, favorece la burocracia y la duplicidad de funciones. "Existe el riesgo de que el dinero acabe en círculos políticos y no en el tejido productivo que lo necesita", advierte.
Para corregir estas deficiencias, el experto defiende una reforma integral de la estructura política y administrativa del país. Entre las medidas propuestas: profesionalizar la gestión pública regional y municipal, eliminar organismos redundantes como diputaciones o cabildos, lo que podría suponer un ahorro estimado en 8.000 millones de euros, y reducir el número de ayuntamientos para optimizar servicios. "Sin esta reorganización, no se garantizará un uso eficiente de los fondos europeos, y corremos el riesgo de aumentar la deuda pública sin un retorno real para los contribuyentes", concluye.
Deuda común europea: Riesgo fiscal y pérdida de soberanía
Otro de los puntos candentes es la propuesta de la Unión Europea de emitir más deuda común para financiar áreas estratégicas como Defensa y Transición Energética. Aunque la medida responde a necesidades reales, especialmente en el actual contexto geopolítico, también representa una amenaza fiscal para países con alto endeudamiento, como España.
"La mutualización de deuda diluye la responsabilidad fiscal y genera una peligrosa dependencia financiera entre Estados miembros", señala. En este contexto, Simón critica la posición del Gobierno español en materia de Defensa, que, según él, "va a contracorriente" de la política comunitaria. Mientras Bruselas refuerza sus capacidades estratégicas, España mantiene una contención del gasto que "limita su influencia en la toma de decisiones clave y la expone a vulnerabilidades".
En cuanto a la transición energética, considera que se está aplicando de forma dogmática. Acusa al Gobierno de anteponer los postulados de la Agenda 2030 a la viabilidad económica. "Estas políticas están encareciendo la energía de forma desmesurada, afectando directamente al poder adquisitivo de las familias y a la competitividad de las empresas".
"No bastan los fondos, hace falta libertad económica"
Sobre la oportunidad que representan los fondos europeos para modernizar la economía española, especialmente en sectores como la digitalización, la innovación o la energía verde, el diagnóstico es crítico: "No se puede construir competitividad con el actual modelo centrado en el sector servicios".
Apuesta por una reindustrialización basada en el cambio tecnológico, acompañada de una reducción del gasto público improductivo y el fin de las subvenciones "a entidades ideologizadas y clientelares", que cifra en 33.000 millones de euros. "La modernización vendrá cuando se libere a las empresas para invertir e innovar sin trabas", sostiene.
El debate sobre un posible recorte en el gasto de la Política Agrícola Común (PAC) tampoco escapa al análisis. Aunque reconoce el papel de la PAC, considera que su diseño actual genera distorsiones y no garantiza eficiencia. "No todos los recortes se traducen en subidas de precios", asegura.
Apunta a factores como el coste energético, la logística o la fiscalidad como variables más determinantes. En su lugar, propone una política agraria centrada en la productividad y una gestión hidrológica solidaria basada en criterios técnicos. "El sector primario es estratégico y debe fortalecerse con herramientas modernas, no con subsidios ineficientes", subraya.
Fiscalidad europea: El riesgo de una fuga de capitales
Finalmente, advierte sobre las consecuencias que podría tener la introducción de nuevos impuestos europeos a grandes empresas. Según su análisis, sin una armonización fiscal global, esta medida podría provocar una fuga de inversiones hacia países con marcos impositivos más atractivos.
"España ya soporta una presión fiscal elevada. Más impuestos y trabas regulatorias pueden ahuyentar la inversión, reducir el empleo y frenar la innovación", alerta. También critica lo que percibe como un creciente alejamiento de las instituciones europeas respecto a la soberanía de los Estados miembros. "Es necesario repensar la UE como una comunidad económica y no como una superestructura politizada. Para España todo esto significa una pérdida crítica de inversión, empleo y, en última instancia, de prosperidad para sus ciudadanos", concluye.